La última orden de regulación de aplicaciones en la India ha desatado una tormenta política. Las voces de la oposición en el parlamento la califican de pesadilla para la privacidad y exigen al gobierno que la retire de inmediato. La controversia gira en torno a las capacidades de vigilancia integradas en el marco normativo. Lo que comenzó como una medida regulatoria se ha convertido en un debate en toda regla sobre los derechos digitales y el exceso de poder estatal. Fuentes cercanas al asunto sugieren que los funcionarios están reconsiderando su postura ante la creciente presión. La situación pone de manifiesto la rapidez con la que la política tecnológica puede convertirse en un foco de preocupación sobre la transparencia gubernamental y la protección de los datos de los usuarios.