El "Momento Normand" de la regulación de criptomonedas: ¿Se está desmoronando el consenso de la industria en la víspera de la batalla final de la Ley de Estructura del Mercado 2026?
Con la proximidad de las elecciones intermedias de EE. UU. en 2026, el “Proyecto de Ley de Estructura del Mercado”, considerado anteriormente como el “Santo Grial” definitivo para la industria de las criptomonedas, enfrenta una grave dificultad legislativa. Aunque en el último año la industria ha logrado victorias regulatorias por encima de las expectativas, varias fuentes internas en Washington han revelado que esta ley, diseñada para proporcionar un marco legal permanente para las criptomonedas en EE. UU., debido a su complejidad y sensibilidad política, probablemente no logrará aprobarse antes del receso del Congreso.
Una ironía en esta situación es que una serie de medidas recientes de la SEC y la CFTC, que parecen favorecer a la industria, en realidad han reducido la urgencia de legislar, generando una división rara en el sector sobre si es necesario legislar de inmediato. Este debate sobre la hoja de ruta legislativa para 2026 no solo afecta los costos de cumplimiento a corto plazo, sino que también determinará si las criptomonedas en EE. UU. serán consideradas activos innovadores protegidos por la ley o si permanecerán en un estado de “licencia temporal” bajo decisiones administrativas a largo plazo.
De la victoria al estancamiento: ¿Por qué 2026 se convierte en un “punto de inflexión” para la legislación cripto?
En los últimos dos años, la industria de las criptomonedas ha recorrido una trayectoria dramática, desde estar al borde del colapso hasta contraatacar con fuerza. Sin embargo, como señala un veterano observador de políticas, “ganar una batalla no significa ganar la guerra”. Aunque se han logrado varias victorias clave en tribunales y en organismos regulatorios, consolidar estos logros dispersos, basados en precedentes o exenciones administrativas, en una ley nacional integral y permanente sigue siendo una “espada de Damocles” sobre la industria. El “Proyecto de Ley de Estructura del Mercado” es la legislación central que asume esta misión, buscando definir claramente las competencias regulatorias de la SEC y la CFTC, y ofrecer a la mayoría de los emisores de tokens y intermediarios una base legal clara, poniendo fin a años de ambigüedad regulatoria.
No obstante, hacia la segunda mitad de 2025, una cautelosa sensación de pesimismo comenzó a extenderse en los círculos de cabildeo de criptomonedas en Washington. Según entrevistas con varias fuentes internas involucradas en el proceso legislativo, aunque la opinión pública y algunos legisladores muestran una postura positiva, la complejidad técnica del proyecto y las numerosas sensibilidades políticas que toca —como los desafíos a la definición tradicional de valores, la redistribución de poderes entre estados y federal— hacen que su aprobación en el Senado esté llena de obstáculos. Más aún, el ciclo político estadounidense, una fuerza imparable, presenta una resistencia enorme: a medida que la temporada de elecciones intermedias de 2026 se acerca en primavera, el enfoque del Congreso se desplazará rápidamente hacia las campañas electorales, y los procesos legislativos suelen quedar en un estancamiento de facto. Esto significa que la “ventana efectiva” para aprobar esta ley se está cerrando rápidamente.
Este escenario genera una dinámica política peculiar. Por un lado, la industria nunca ha estado tan cerca de obtener una ley a medida; por otro, la realidad política está empujando esa posibilidad cada vez más lejos. Algunos líderes del sector ya hablan públicamente de un “Plan B”, aceptando una versión quizás imperfecta o con concesiones, con tal de lograr la aprobación antes del cierre de la ventana. Otros, en cambio, se oponen firmemente a ceder, argumentando que una ley defectuosa sería peor que ninguna, ya que podría consolidar un marco regulatorio equivocado durante décadas. Este debate sobre “el momento y la perfección” está llevando a la industria a un punto de decisión estratégica crucial.
Línea temporal de la legislación 2026: hitos clave y obstáculos
Para entender claramente los desafíos legislativos, aquí se presentan los principales hitos políticos y legislativos en torno a 2026:
Otoño de 2025: Reapertura del Congreso, inicio de intensos debates y revisiones del proyecto, con un pico en cabildeo.
Enero - abril de 2026: La llamada “ventana dorada” legislativa, en la que ambos partidos aún podrían colaborar en temas bipartidistas.
Mayo - agosto de 2026: Con las primarias en marcha, la eficiencia legislativa en el Congreso cae drásticamente, y las posturas políticas sustituyen a las negociaciones pragmáticas.
Noviembre de 2026: Elecciones intermedias, con posible cambio en el control del Congreso, alterando por completo las perspectivas legislativas.
Variables potenciales: Cualquier gran turbulencia del mercado o incidente de seguridad podría acelerar o posponer indefinidamente la ley.
La “acción proactiva” de los reguladores: ¿La exención de la SEC reduce la urgencia de legislar?
El giro más dramático en el debate actual es el papel que están jugando los reguladores, especialmente la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), tradicionalmente vista como la “opositora” por la industria. La reciente declaración del presidente de la SEC, Paul Atkins, sobre que la agencia ya posee una “amplia exención” ha causado revuelo. Citando la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Bolsa de Valores de 1934, Atkins enfatizó que el Congreso ya ha otorgado a la SEC suficiente flexibilidad para abordar las nuevas clases de activos, sugiriendo que no es necesario esperar una legislación específica. Esta postura de “tenemos nuestras propias herramientas” está sutilmente cambiando el equilibrio de poder en el juego legislativo.
De hecho, la SEC planea lanzar a principios de 2025 un marco de “zona segura para tokens”, que ejemplifica esta exención. Este marco busca ofrecer una exención temporal a ciertos proyectos de criptomonedas que cumplan con condiciones específicas, permitiéndoles evitar algunas obligaciones de registro bajo las leyes de valores. Un líder en política cripto afirmó abiertamente: “Una vez que obtengamos la zona segura para tokens, la urgencia del Proyecto de Ley de Estructura del Mercado habrá terminado”. Esta visión refleja la postura de una parte pragmática del sector: dado que la regulación administrativa ya está en marcha y en una dirección favorable, ¿por qué arriesgarse a un proceso político lleno de concesiones? Desde su perspectiva, las reformas regulatorias progresivas también pueden equilibrar cumplimiento y innovación, y quizás más rápidamente.
La expansión activa de la CFTC en el ámbito de los derivados de criptomonedas también refuerza esta narrativa de “regulación alternativa a la legislación”. A través de acciones de cumplimiento y declaraciones políticas, la CFTC está consolidando su papel como principal regulador de los mercados de futuros y apalancamiento, fuera del mercado spot de muchas criptomonedas. La aparente competencia y colaboración entre estas dos agencias regulatorias en realidad ofrecen un espacio operativo para muchas empresas del sector. Por ello, algunos en la industria cuestionan si la obsesión con el “Proyecto de Ley de Estructura del Mercado” no refleja un “síndrome de disfunción estructural del mercado”, es decir, una excesiva concentración en una solución definitiva, ignorando los avances regulatorios efectivos en curso.
No obstante, esta dependencia de la discrecionalidad administrativa tiene una debilidad fundamental: su estabilidad depende completamente de la voluntad de los actuales gobernantes. Los líderes de la SEC y la CFTC son nombrados por el presidente, y sus políticas pueden cambiar radicalmente con un cambio de administración. Las exenciones otorgadas hoy podrían ser revocadas mañana; las interpretaciones amistosas, endurecidas en el futuro. Un veterano en políticas advirtió que si se pierde la ventana legislativa de 2026, la industria se expondría a futuras turbulencias políticas, sin poder obtener la certeza y previsibilidad jurídica necesarias para inversiones y innovación a largo plazo. En su opinión, aunque los logros regulatorios son positivos, solo una ley aprobada por el Congreso puede ofrecer una “barrera sólida” contra cambios futuros.
Perfeccionismo vs. pragmatismo: fracturas internas en la estrategia sectorial
Las diferencias en la estrategia legislativa de la industria cripto están saliendo cada vez más a la luz, convirtiéndose en un “examen de conciencia” público. Por un lado, el grupo del “perfeccionismo” aboga por no actuar o, si se actúa, hacerlo bien. Consideran que la postura favorable de los reguladores crea una oportunidad única de negociación y que la industria debe aprovechar este tiempo para perfeccionar una ley que resista décadas, en lugar de aceptar un “producto incompleto” por apresuramiento. Argumentan que una ley mal hecha puede consolidar reglas erróneas, y que corregirlas después sería mucho más difícil que empezar de nuevo, por lo que “vale la pena esperar unos años”.
Por otro lado, el grupo del “pragmatismo” apela a la historia del desarrollo de Internet, defendiendo que “tener un marco primero y perfeccionarlo después” es una estrategia más realista. Temen que perder la oportunidad de 2026 signifique que la legislación quede en espera por años o incluso décadas. Aunque existan exenciones regulatorias, para el público general y las instituciones financieras tradicionales, las criptomonedas seguirán siendo activos de “cuestionable legalidad”, lo que obstaculiza la entrada de fondos institucionales y de inversores minoristas. Como afirmó un defensor de políticas, uno de los objetivos principales de la ley es cambiar la percepción pública de las criptomonedas como un “casino oscuro”, algo difícil de lograr solo con regulación administrativa.
El núcleo de esta división radica en la percepción de la “fuente de legitimidad”: ¿proviene de una “licencia” temporal y revocable otorgada por los reguladores, o de una “ley” permanente aprobada por el Congreso y firmada por el presidente? La primera es flexible pero frágil; la segunda, difícil pero sólida. Para proyectos de infraestructura que requieren inversión a largo plazo (como cadenas de bloques Layer 1 o servicios de custodia institucional), la certeza legal es crucial; en cambio, para aplicaciones más flexibles y de ciclo de vida corto, puede ser preferible aprovechar el espacio regulatorio actual para iterar rápidamente. Estas diferentes necesidades también profundizan las voces internas en el sector.
A nivel global, la competencia también es evidente. La regulación de la UE, con la entrada en vigor del marco MiCA, unifica las reglas para 27 países miembros. Singapur, Hong Kong y otros países asiáticos han establecido marcos regulatorios claros. Si EE. UU. no logra definir una ley federal clara debido a las disputas internas, su liderazgo en innovación podría perderse, y proyectos y capitales migrarían a jurisdicciones con reglas más definidas. Esta posible pérdida estratégica es una presión externa que ambos lados del debate deben considerar seriamente. La legislación de 2026 no solo es una disputa política interna, sino una prueba clave de si EE. UU. podrá mantener su liderazgo en la próxima revolución financiera digital.
¿Qué implica la imposibilidad de legislar? Riesgos a largo plazo y juego con la confianza del mercado
Si el escenario más pesimista se materializa y el “Proyecto de Ley de Estructura del Mercado” queda sustancialmente paralizado tras la ventana de 2026, ¿qué futuro le espera a la industria? A corto plazo, quizás no haya una reacción inmediata fuerte, ya que las políticas de la SEC, como la “zona segura para tokens”, seguirán ofreciendo cierto margen operativo. Sin embargo, este “estado de suspensión” genera riesgos estructurales a largo plazo. El primero es el riesgo de “rebote regulatorio”: cuando cambie la administración, puede revertirse rápidamente la postura amistosa mediante órdenes ejecutivas, revisiones de directrices o endurecimiento de la cumplimiento. La industria volverá a enfrentarse a ciclos de incertidumbre legal y litigios, lo que sin duda frenará las inversiones a largo plazo y la innovación.
En segundo lugar, la confianza pública y la adopción masiva enfrentan obstáculos. Aunque en términos tecnológicos se han logrado avances, para millones de inversores estadounidenses, la falta de una ley federal clara envía una señal inequívoca de que “este sector aún no es legal ni seguro”. Los fondos de pensiones, fondos de donaciones y grandes gestores de activos difícilmente aprobarán asignaciones sustanciales a criptoactivos sin respaldo legal claro, lo que mantendrá a las criptomonedas en un círculo restringido de “inversores de alto riesgo”, impidiendo su consolidación como clase de activo principal.
Desde la perspectiva de la estructura del mercado, la regulación difusa favorece a las grandes instituciones con recursos legales y capacidad de navegar en zonas grises, mientras que las startups y proyectos innovadores pequeños enfrentan costos de cumplimiento desproporcionados y riesgos legales, lo que puede reducir la competencia y la innovación, favoreciendo la concentración del mercado. Esto va en contra del espíritu descentralizador y de inclusión financiera de las criptomonedas. Un mercado gobernado por la discrecionalidad administrativa, en lugar de leyes, podría terminar pareciéndose mucho más a la banca tradicional de Wall Street, en lugar de ser una verdadera disrupción.
Por ello, independientemente de si la legislación de 2026 logra avanzar o no, el debate en sí mismo revela las profundas contradicciones en el desarrollo de las criptomonedas en EE. UU.: por un lado, desean reconocimiento y protección del sistema tradicional; por otro, llevan la misión de revolucionarlo. La dificultad del proyecto de ley refleja esta tensión en el plano político. Para los participantes del mercado, entender la complejidad y las consecuencias de esta disputa legislativa es más importante que predecir movimientos de precios a corto plazo. Se trata de la naturaleza misma de los activos, y de si en los próximos años y décadas el capital fluirá con confianza o con incertidumbre hacia este campo lleno de potencial.
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El "Momento Normand" de la regulación de criptomonedas: ¿Se está desmoronando el consenso de la industria en la víspera de la batalla final de la Ley de Estructura del Mercado 2026?
Con la proximidad de las elecciones intermedias de EE. UU. en 2026, el “Proyecto de Ley de Estructura del Mercado”, considerado anteriormente como el “Santo Grial” definitivo para la industria de las criptomonedas, enfrenta una grave dificultad legislativa. Aunque en el último año la industria ha logrado victorias regulatorias por encima de las expectativas, varias fuentes internas en Washington han revelado que esta ley, diseñada para proporcionar un marco legal permanente para las criptomonedas en EE. UU., debido a su complejidad y sensibilidad política, probablemente no logrará aprobarse antes del receso del Congreso.
Una ironía en esta situación es que una serie de medidas recientes de la SEC y la CFTC, que parecen favorecer a la industria, en realidad han reducido la urgencia de legislar, generando una división rara en el sector sobre si es necesario legislar de inmediato. Este debate sobre la hoja de ruta legislativa para 2026 no solo afecta los costos de cumplimiento a corto plazo, sino que también determinará si las criptomonedas en EE. UU. serán consideradas activos innovadores protegidos por la ley o si permanecerán en un estado de “licencia temporal” bajo decisiones administrativas a largo plazo.
De la victoria al estancamiento: ¿Por qué 2026 se convierte en un “punto de inflexión” para la legislación cripto?
En los últimos dos años, la industria de las criptomonedas ha recorrido una trayectoria dramática, desde estar al borde del colapso hasta contraatacar con fuerza. Sin embargo, como señala un veterano observador de políticas, “ganar una batalla no significa ganar la guerra”. Aunque se han logrado varias victorias clave en tribunales y en organismos regulatorios, consolidar estos logros dispersos, basados en precedentes o exenciones administrativas, en una ley nacional integral y permanente sigue siendo una “espada de Damocles” sobre la industria. El “Proyecto de Ley de Estructura del Mercado” es la legislación central que asume esta misión, buscando definir claramente las competencias regulatorias de la SEC y la CFTC, y ofrecer a la mayoría de los emisores de tokens y intermediarios una base legal clara, poniendo fin a años de ambigüedad regulatoria.
No obstante, hacia la segunda mitad de 2025, una cautelosa sensación de pesimismo comenzó a extenderse en los círculos de cabildeo de criptomonedas en Washington. Según entrevistas con varias fuentes internas involucradas en el proceso legislativo, aunque la opinión pública y algunos legisladores muestran una postura positiva, la complejidad técnica del proyecto y las numerosas sensibilidades políticas que toca —como los desafíos a la definición tradicional de valores, la redistribución de poderes entre estados y federal— hacen que su aprobación en el Senado esté llena de obstáculos. Más aún, el ciclo político estadounidense, una fuerza imparable, presenta una resistencia enorme: a medida que la temporada de elecciones intermedias de 2026 se acerca en primavera, el enfoque del Congreso se desplazará rápidamente hacia las campañas electorales, y los procesos legislativos suelen quedar en un estancamiento de facto. Esto significa que la “ventana efectiva” para aprobar esta ley se está cerrando rápidamente.
Este escenario genera una dinámica política peculiar. Por un lado, la industria nunca ha estado tan cerca de obtener una ley a medida; por otro, la realidad política está empujando esa posibilidad cada vez más lejos. Algunos líderes del sector ya hablan públicamente de un “Plan B”, aceptando una versión quizás imperfecta o con concesiones, con tal de lograr la aprobación antes del cierre de la ventana. Otros, en cambio, se oponen firmemente a ceder, argumentando que una ley defectuosa sería peor que ninguna, ya que podría consolidar un marco regulatorio equivocado durante décadas. Este debate sobre “el momento y la perfección” está llevando a la industria a un punto de decisión estratégica crucial.
Línea temporal de la legislación 2026: hitos clave y obstáculos
Para entender claramente los desafíos legislativos, aquí se presentan los principales hitos políticos y legislativos en torno a 2026:
Otoño de 2025: Reapertura del Congreso, inicio de intensos debates y revisiones del proyecto, con un pico en cabildeo.
Enero - abril de 2026: La llamada “ventana dorada” legislativa, en la que ambos partidos aún podrían colaborar en temas bipartidistas.
Mayo - agosto de 2026: Con las primarias en marcha, la eficiencia legislativa en el Congreso cae drásticamente, y las posturas políticas sustituyen a las negociaciones pragmáticas.
Noviembre de 2026: Elecciones intermedias, con posible cambio en el control del Congreso, alterando por completo las perspectivas legislativas.
Variables potenciales: Cualquier gran turbulencia del mercado o incidente de seguridad podría acelerar o posponer indefinidamente la ley.
La “acción proactiva” de los reguladores: ¿La exención de la SEC reduce la urgencia de legislar?
El giro más dramático en el debate actual es el papel que están jugando los reguladores, especialmente la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), tradicionalmente vista como la “opositora” por la industria. La reciente declaración del presidente de la SEC, Paul Atkins, sobre que la agencia ya posee una “amplia exención” ha causado revuelo. Citando la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Bolsa de Valores de 1934, Atkins enfatizó que el Congreso ya ha otorgado a la SEC suficiente flexibilidad para abordar las nuevas clases de activos, sugiriendo que no es necesario esperar una legislación específica. Esta postura de “tenemos nuestras propias herramientas” está sutilmente cambiando el equilibrio de poder en el juego legislativo.
De hecho, la SEC planea lanzar a principios de 2025 un marco de “zona segura para tokens”, que ejemplifica esta exención. Este marco busca ofrecer una exención temporal a ciertos proyectos de criptomonedas que cumplan con condiciones específicas, permitiéndoles evitar algunas obligaciones de registro bajo las leyes de valores. Un líder en política cripto afirmó abiertamente: “Una vez que obtengamos la zona segura para tokens, la urgencia del Proyecto de Ley de Estructura del Mercado habrá terminado”. Esta visión refleja la postura de una parte pragmática del sector: dado que la regulación administrativa ya está en marcha y en una dirección favorable, ¿por qué arriesgarse a un proceso político lleno de concesiones? Desde su perspectiva, las reformas regulatorias progresivas también pueden equilibrar cumplimiento y innovación, y quizás más rápidamente.
La expansión activa de la CFTC en el ámbito de los derivados de criptomonedas también refuerza esta narrativa de “regulación alternativa a la legislación”. A través de acciones de cumplimiento y declaraciones políticas, la CFTC está consolidando su papel como principal regulador de los mercados de futuros y apalancamiento, fuera del mercado spot de muchas criptomonedas. La aparente competencia y colaboración entre estas dos agencias regulatorias en realidad ofrecen un espacio operativo para muchas empresas del sector. Por ello, algunos en la industria cuestionan si la obsesión con el “Proyecto de Ley de Estructura del Mercado” no refleja un “síndrome de disfunción estructural del mercado”, es decir, una excesiva concentración en una solución definitiva, ignorando los avances regulatorios efectivos en curso.
No obstante, esta dependencia de la discrecionalidad administrativa tiene una debilidad fundamental: su estabilidad depende completamente de la voluntad de los actuales gobernantes. Los líderes de la SEC y la CFTC son nombrados por el presidente, y sus políticas pueden cambiar radicalmente con un cambio de administración. Las exenciones otorgadas hoy podrían ser revocadas mañana; las interpretaciones amistosas, endurecidas en el futuro. Un veterano en políticas advirtió que si se pierde la ventana legislativa de 2026, la industria se expondría a futuras turbulencias políticas, sin poder obtener la certeza y previsibilidad jurídica necesarias para inversiones y innovación a largo plazo. En su opinión, aunque los logros regulatorios son positivos, solo una ley aprobada por el Congreso puede ofrecer una “barrera sólida” contra cambios futuros.
Perfeccionismo vs. pragmatismo: fracturas internas en la estrategia sectorial
Las diferencias en la estrategia legislativa de la industria cripto están saliendo cada vez más a la luz, convirtiéndose en un “examen de conciencia” público. Por un lado, el grupo del “perfeccionismo” aboga por no actuar o, si se actúa, hacerlo bien. Consideran que la postura favorable de los reguladores crea una oportunidad única de negociación y que la industria debe aprovechar este tiempo para perfeccionar una ley que resista décadas, en lugar de aceptar un “producto incompleto” por apresuramiento. Argumentan que una ley mal hecha puede consolidar reglas erróneas, y que corregirlas después sería mucho más difícil que empezar de nuevo, por lo que “vale la pena esperar unos años”.
Por otro lado, el grupo del “pragmatismo” apela a la historia del desarrollo de Internet, defendiendo que “tener un marco primero y perfeccionarlo después” es una estrategia más realista. Temen que perder la oportunidad de 2026 signifique que la legislación quede en espera por años o incluso décadas. Aunque existan exenciones regulatorias, para el público general y las instituciones financieras tradicionales, las criptomonedas seguirán siendo activos de “cuestionable legalidad”, lo que obstaculiza la entrada de fondos institucionales y de inversores minoristas. Como afirmó un defensor de políticas, uno de los objetivos principales de la ley es cambiar la percepción pública de las criptomonedas como un “casino oscuro”, algo difícil de lograr solo con regulación administrativa.
El núcleo de esta división radica en la percepción de la “fuente de legitimidad”: ¿proviene de una “licencia” temporal y revocable otorgada por los reguladores, o de una “ley” permanente aprobada por el Congreso y firmada por el presidente? La primera es flexible pero frágil; la segunda, difícil pero sólida. Para proyectos de infraestructura que requieren inversión a largo plazo (como cadenas de bloques Layer 1 o servicios de custodia institucional), la certeza legal es crucial; en cambio, para aplicaciones más flexibles y de ciclo de vida corto, puede ser preferible aprovechar el espacio regulatorio actual para iterar rápidamente. Estas diferentes necesidades también profundizan las voces internas en el sector.
A nivel global, la competencia también es evidente. La regulación de la UE, con la entrada en vigor del marco MiCA, unifica las reglas para 27 países miembros. Singapur, Hong Kong y otros países asiáticos han establecido marcos regulatorios claros. Si EE. UU. no logra definir una ley federal clara debido a las disputas internas, su liderazgo en innovación podría perderse, y proyectos y capitales migrarían a jurisdicciones con reglas más definidas. Esta posible pérdida estratégica es una presión externa que ambos lados del debate deben considerar seriamente. La legislación de 2026 no solo es una disputa política interna, sino una prueba clave de si EE. UU. podrá mantener su liderazgo en la próxima revolución financiera digital.
¿Qué implica la imposibilidad de legislar? Riesgos a largo plazo y juego con la confianza del mercado
Si el escenario más pesimista se materializa y el “Proyecto de Ley de Estructura del Mercado” queda sustancialmente paralizado tras la ventana de 2026, ¿qué futuro le espera a la industria? A corto plazo, quizás no haya una reacción inmediata fuerte, ya que las políticas de la SEC, como la “zona segura para tokens”, seguirán ofreciendo cierto margen operativo. Sin embargo, este “estado de suspensión” genera riesgos estructurales a largo plazo. El primero es el riesgo de “rebote regulatorio”: cuando cambie la administración, puede revertirse rápidamente la postura amistosa mediante órdenes ejecutivas, revisiones de directrices o endurecimiento de la cumplimiento. La industria volverá a enfrentarse a ciclos de incertidumbre legal y litigios, lo que sin duda frenará las inversiones a largo plazo y la innovación.
En segundo lugar, la confianza pública y la adopción masiva enfrentan obstáculos. Aunque en términos tecnológicos se han logrado avances, para millones de inversores estadounidenses, la falta de una ley federal clara envía una señal inequívoca de que “este sector aún no es legal ni seguro”. Los fondos de pensiones, fondos de donaciones y grandes gestores de activos difícilmente aprobarán asignaciones sustanciales a criptoactivos sin respaldo legal claro, lo que mantendrá a las criptomonedas en un círculo restringido de “inversores de alto riesgo”, impidiendo su consolidación como clase de activo principal.
Desde la perspectiva de la estructura del mercado, la regulación difusa favorece a las grandes instituciones con recursos legales y capacidad de navegar en zonas grises, mientras que las startups y proyectos innovadores pequeños enfrentan costos de cumplimiento desproporcionados y riesgos legales, lo que puede reducir la competencia y la innovación, favoreciendo la concentración del mercado. Esto va en contra del espíritu descentralizador y de inclusión financiera de las criptomonedas. Un mercado gobernado por la discrecionalidad administrativa, en lugar de leyes, podría terminar pareciéndose mucho más a la banca tradicional de Wall Street, en lugar de ser una verdadera disrupción.
Por ello, independientemente de si la legislación de 2026 logra avanzar o no, el debate en sí mismo revela las profundas contradicciones en el desarrollo de las criptomonedas en EE. UU.: por un lado, desean reconocimiento y protección del sistema tradicional; por otro, llevan la misión de revolucionarlo. La dificultad del proyecto de ley refleja esta tensión en el plano político. Para los participantes del mercado, entender la complejidad y las consecuencias de esta disputa legislativa es más importante que predecir movimientos de precios a corto plazo. Se trata de la naturaleza misma de los activos, y de si en los próximos años y décadas el capital fluirá con confianza o con incertidumbre hacia este campo lleno de potencial.