Según Japan Times, es poco probable que el Government Pension Investment Fund (GPIF) de Japón acceda a la solicitud de la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, de ampliar las inversiones nacionales, citando limitaciones legales y de gobernanza. Hoy (13 de julio), el fondo confirmó que mantiene su marco de asignación actual establecido en 2025, que distribuye un 25% cada uno entre acciones nacionales, acciones extranjeras, bonos nacionales y bonos extranjeros, con la próxima revisión periódica prevista para 2030.
El mandato legal del GPIF prioriza los rendimientos a largo plazo para los beneficiarios de las pensiones por encima de objetivos de política. Durante la última década, los activos en el extranjero han superado de forma constante a los nacionales tanto en los mercados de acciones como en los de bonos, lo que hace difícil justificar un aumento de la inversión doméstica desde una perspectiva de inversión. Diego López, CEO de Global SWF, afirmó que el Ministerio de Finanzas carece de autoridad para imponer este tipo de exigencias, señalando que la presión unilateral evidencia una deficiencia de gobernanza y conflictos de interés.